Semana tras semana, el gobierno de Paraguay muestra, al menos, un caso de minería ilegal de Bitcoin (BTC) como parte de su política en contra de la extracción de energía no autorizada, un recurso vital para su economía. Ayer, las autoridades incautaron cerca de 10 toneladas de equipos en una granja ilegal ubicada en la ciudad de Lambaré.
Con un importante despliegue, técnicos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) desmontaron las instalaciones eléctricas y otros equipos que proveían del suministro eléctrico de una instalación minera. Estos con un valor estimado de USD 1.500.000 millones.
“Estamos llevando cinco transformadores. Uno de gran porte, de aproximadamente 4.000 kVA; los otros que son como de 300 kVa de potencia; y los conductores que son parte de la instalación eléctrica”, explicó el ingeniero Lucio Ortiz, jefe de intervenciones departamentales de la ANDE.
“Todo lo que se usa para la estructura y el montaje de la granja. Esto irá a parar al depósito de la fiscalía en Trinidad”, añadió.
La conexión ilegal, ubicada en un depósito de 150 metros cuadrados, se descubrió durante el mes de febrero en el barrio de “Puerto Pabla”. Hasta entonces, las autoridades sólo habían decomisado los procesadores ASIC. Y ahora, se realizó la tercera intervención en el mismo lugar desde que arrancó el proceso judicial.
«La fiscal que encabezaba el operativo fue recusada ayer con un nuevo fiscal, y los técnicos de la ANDE acompañaron para la incautación de transformadores y procesadores que quedaron todavía en el lugar», sostuvo el ingeniero Hugo Rolón, gerente comercial del organismo.
Un nuevo dictamen instruyó a la ANDE para la incautación de equipos a los implicados en la sustracción de energía eléctrica, perturbación del servicio público y sabotaje, algunas acusaciones habituales. En total, son más de 10 toneladas, precisó Ortiz.
La persona imputada en el caso de Lambaré fue identificada como Albino Rojas González. El hombre ya está procesado en otras causas de sustracción ilegal de energía de dos instalaciones de minería ubicadas en las localidades de Quiindy y San Antonio.
Pese a la ofensiva oficial del gobierno de Santiago Peña contra las granjas de minería con conexión ilegal, crecen las sospechas de complicidad de técnicos de la ANDE y de las autoridades en los casos de uso no autorizado de energía.
El ingeniero Lucio Ortiz confirmó este lunes que un miembro del organismo de control, de apellido “Triguis”, sería el responsable de montar varias granjas, junto a “otros 6 ingenieros” que trabajan en el rubro.
Incluso, el funcionario a cargo del operativo en Lambaré estimó cuánto se le podría llegar a pagar a un especialista para montar un establecimiento con mineros. “Estaría en medio millón de dólares por instalar esto”, precisó Ortiz, en declaraciones a una estación de radio local.
La presunta complicidad y la falta de controles con este tipo de ilícitos es vox populi en el país sudamericano. Es que la electricidad, que proviene de las fuentes hidroeléctricas, es barata y, además, un bien exportable. Con la minería de Bitcoin, este insumo se paga mucho más caro que su venta a otros países.
“En Paraguay era demasiado sencillo ir a robar energía. Siempre lo fue, pero ahora está en una escala superior”, sostuvo el ingeniero Nelson Cristaldo sobre el tema.
A nivel judicial, tampoco hay penas ni sanciones que desalienten las conexiones ilegales. Nelson Medina, abogado y asesor legal de la ANDE, señaló que hay una baja tasa de procesamiento contra mineros clandestinos. Según este testimonio, los imputados logran conmutar su pena con donaciones u otro tipo de reparaciones sociales.
Como informó CriptoNoticias, las autoridades de Paraguay realizaron unos 72 allanamientos desde el 2019, en su cruzada contra los procesadores ASIC conectados de manera ilegal a la red de suministro eléctrico.
Ahora bien, el uso no permitido de energía vinculado solo a los mineros de Bitcoin sería menor, comparado con el volumen de divisas de las empresas de la industria que realizan este trabajo legalmente. La ANDE firmó más de 50 contratos legales de venta de energía con empresas del rubro.
Según denunció un empresario del sector, la cruzada de la ANDE es un “relato” y apuntó contra la falta de controles y cumplimiento en los contratos de energía, a los que bautizó como “contratos buitre”.
